Sentencia de la CIDH: Ofensa a nuestros mártires
Víctor Robles Sosa
victorrobles.wordpress.com
victor.robles.sosa@hotmail.com
Director Ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (Ipades)
El fallo interpretativo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso del penal Castro Castro ha ratificado la sentencia injusta y agraviante que sostiene que los criminales que murieron en aquel motín de 1992 son las víctimas y que el Estado peruano es el victimario.
Nadie podía esperar un fallo distinto de un tribunal conformado por los hermanos ideológicos de nuestros “caviares” peruanos. Por eso es que un político como Diego García-Sayán es actualmente juez de esa Corte.
Lo que sí nos indigna y nos subleva, es que el gobierno pretenda sostener que un fallo que insulta a la memoria de los peruanos asesinados por Sendero Luminoso sea una “victoria sobre el terrorismo”.
Que el Canciller y el ministro Flores-Aráoz le cuenten ese cuento a los padres, a la viuda y a los hijos del policía José Idrogo Olano, quien murió quemado vivo por los terroristas durante el motín, y de los otros agentes que quedaron heridos. A ver cómo les explican que los asesinos son las “víctimas” y que el agente mártir es uno de los “victimarios”.
El gobierno ha aceptado que en Canto Grande hubo una “masacre premeditada” porque el señor Jorge del Castillo, el señor García Belaúnde y otros más son “devotos” de la “santa palabra” de la mal llamada Comisión de la Verdad.
Pretenden que los peruanos comulguemos con ruedas de molino. Apuestan a la fragilidad de la memoria social. Pero aquí estamos los “políticamente incorrectos”, los que tenemos respeto por la verdad y a la historia, para recordarles a nuestros compatriotas lo que sucedió.
Recordamos muy bien que los terroristas fortificaron sus pabellones y se atrincheraron en Canto Grande porque no les dio la gana de que las autoridades trasladasen a las mujeres a un penal especial para ellas, en Chorrillos.
También recordamos perfectamente que los fiscales y los funcionarios del Inpe trataron de persuadirlos para que el traslado se realizara pacíficamente, pero se negaron y pretendieron imponer su voluntad a la autoridad. No hubo otra salida que la fuerza porque así lo decidieron los amotinados, tal como lo dijo el diario El Comercio en su editorial sobre el caso.
Si murieron 41 fue por su propia responsabilidad, no de las fuerzas del orden, las cuales dispararon haciendo uso legítimo de sus armas para restaurar el principio de autoridad que estaba siendo pisoteado por el terrorismo.
Si en el fragor del combate hubo excesos, estos deben ser individualizados por las autoridades competentes, pero no se puede sostener que hubo una matanza premeditada porque eso es falso. A menos que se actúe con criterio político interesado y mezquino.
Recuerdo además que cuando la policía intentó ingresar para ejecutar el desalojo, fue recibida por una lluvia de bombas caseras, y proyectiles disparados con armas de fuego convencionales y artesanales. Fue así como asesinaron al agente Idrogo y quedaron heridos otros policías.
El informe infame de la CVR, en el que tanto “creen” los apristas caviarones, oculta estos hechos. Sólo narra cuántas balas le cayó a cada terrorista y se horroriza de que la policía haya usado gases lacrimógenos, haciendo un símil ridículo con los judíos asesinados por los nazis en las “duchas” de gases.
Para la CVR, el asesinato del agente Idrogo fue un mero incidente registrado durante un “enfrentamiento”. Así suele llamar la CVR a los ataques arteros de los terroristas, a los que llama “senderistas”, “subversivos” o “miembros del PCP-SL”.
Miente la CVR al decir, por ejemplo, que “el gobierno consideraba” que los terroristas controlaban una parte del penal, en vez de señalar, de manera clara y precisa, que eso era una realidad y no una percepción del Ejecutivo.
También falsea la realidad cuando dice que los terroristas “estaban acostumbrados a decidir” si las autoridades ingresaban a los pabellones. La verdad es que SL se impuso en las cárceles asesinando a Miguel Castro Castro, y amenazando de muerte a las familias de los demás directores y alcaides.
De manera tendenciosa, la CVR afirma que los terroristas fortificaron sus pabellones “como medida de prevención ante un ataque” (¡Pobres víctimas!), cuando en realidad construyeron las fortificaciones desde los años 80’, como parte del plan de convertir las prisiones en “luminosas trincheras de combate”.
Si el Estado hubiese tenido la voluntad de aplastar a los terroristas presos en Canto Grande, lo habría hecho en medio día, no en tres días: Basta tener algo de sentido común para darse cuenta. Ya basta de torcer la verdad y la historia para hacer ‘vendetta’ política.
Por más que el gobierno trate de maquillar su actitud débil y cómplice con la izquierda caviar y la Corte IDH, está claro que ha claudicado vergonzosamente.
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Es un error pretender poner al Estado de “rodillas”, sostiene ministro de Defensa
Lima, ago. 26 (ANDINA).- Es un error pretender poner de “rodillas” al Estado para que pida perdón “por lo que iniciaron e hicieron principalmente otros”, dijo hoy el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, ad portas del quinto aniversario del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Flores-Aráoz fue consultado en CPN Radio sobre una propuesta de ex comisionados para que el Estado pida perdón por las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas.
“(Me parece) muy mal, no nos olvidemos que el Estado, y dentro de ello las Fuerzas Armadas, actuó como reacción para salvarnos de este caos que era el terrorismo, que había generado miles de muertes, miles de viudas, destrucción, caos, orfandad, viudez; eso no lo podemos olvidar”, dijo.
Y añadió que “estamos agarrando el rábano por el lado indebido. O sea, que al Estado que nos defendió a todos, al Estado que tenemos que proteger, es al que queremos ponerlo de rodillas para que pida perdón por lo que iniciaron e hicieron principalmente otros, creo francamente que ese es un error”.
A dos días de cumplirse este jueves cinco años de la presentación del informe de la CVR, el titular de Defensa ratificó que la labor de ese grupo no contribuyó a la reconciliación del país.
“Ni todo lo que señaló fue verdad y lamentablemente no nos han causado ninguna reconciliación (…) mi sensación es que más se abrieron heridas que probablemente muchas estaban cerradas y otras no, otras que estaban cerradas se agrandaron”, señaló.
Subrayó, no obstante, que debe tenerse en cuenta que el gobierno viene cumpliendo con su política de reparaciones colectivas para las víctimas de la violencia, pero también tiene limitaciones y no puede atender todos los sectores.
Flores-Aráoz dijo, además, que las recomendaciones de la CVR no tienen un efecto vinculante.
“(Los ex miembros de la CVR) actúan como si estuvieran vigentes. Los señores son ‘ex’, ya cumplieron su misión, ya emitieron su informe y, sin embargo, todos los días salen a pontificar y a señalar virtudes y defectos, y a pedirle al Estado que cumpla con las recomendaciones”, afirmó.
“Son recomendaciones, no son órdenes, no son mandatos, no son resoluciones, ellos emitieron una opinión no vinculante, la emitieron y la entregaron al Estado, y allí termina su papel”, agregó.
Caso Putis
El titular de Defensa aclaró que toda la información sobre el caso Putis fue entregada durante la gestión del ex ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, en el gobierno pasado.
El Ministro aclaró que no ha habido ninguna otra solicitud sobre este tema por parte de las autoridades judiciales.
Aclaró que su labor es rendir cuentas al Ministerio Público y al Poder Judicial, y no a las organizaciones de la sociedad civil.
(FIN) EGZ/GCO
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Ex comisionado dice que informe de CVR es usado por radicales para atacar a FFAA
Humberto Lay defiende que informe fue justo y nunca generalizó respecto a las fuerzas del orden
Lima, ago. 26 (ANDINA).- El ex candidato presidencial Humberto Lay dijo que el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) fue justo y equilibrado, pero que algunos sectores de izquierda lo han utilizado para tratar de desprestigiar a las Fuerzas Armadas.
Lay, quien también fuera miembro de la CVR, manifestó que se ha pretendido generalizar que todas las FFAA recurrieron a una política sistemática de violación de derechos humanos, cuando en el informe solo se habla de algunos elementos, y en lugares y periodos determinados, pero no de toda la institución.
Indicó que de esto se han aprovechado grupos de “izquierda radical” para desacreditar a las FFAA, como una forma de “lavarse la cara”.
“Fuimos muy equilibrados en el informe al decir que determinados elementos, en determinados zonas y tiempos específicos, hubo una violación sistemática de los derechos humanos, pero no es que las Fuerzas Armadas como institución lo hayan hecho, nunca dijimos eso, pero los críticos lo han generalizado”, señaló en declaraciones a la Agencia Andina.
Lay tampoco descartó que algunos militares hayan sido indebidamente detenidos a raíz del informe, pero aclaró que la Comisión sólo presentó 43 casos para que sean judicializados, y que fue el Ministerio Público el que decidió ampliarlo a otros actores.
Subrayó, además, que los nombres que se mencionan en estos casos surgen de los testimonios recogidos de las víctimas, pero que correspondía a la Fiscalía determinar si efectivamente correspondía una denuncia penal.
Al hacer un balance de los cinco años de presentado el informe, Lay destacó la voluntad del gobierno aprista de llevar adelante una política de reparaciones colectivas para las víctimas.
Sin embargo, pero señaló que aún es insuficiente para acabar con la pobreza en que están sumidos los pueblos de la sierra, y que puede servir de caldo de cultivo para que resurja la violencia.
El pastor evangélico consideró injusto que se diga que el informe no ha conseguido la reconciliación de los peruanos, cuando solo da las recomendaciones para ello, y es el Estado el responsable de ponerlas en marcha.
(FIN) EGZ/GCO